En distintos puntos de la provincia de Mendoza comenzó a abrirse un debate sobre la posibilidad de revisar las prohibiciones totales

En distintos puntos de la provincia de Mendoza comenzó a abrirse un debate sobre la posibilidad de revisar las prohibiciones totales

En distintos puntos de la provincia de Mendoza comenzó a abrirse un debate sobre la posibilidad de revisar las prohibiciones totales de los fuegos artificiales, especialmente aquellos productos de bajo impacto sonoro que en los últimos años ganaron lugar dentro de la industria. La discusión cuenta con la participación del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia (SUEIPA) y de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), quienes vienen impulsando espacios de diálogo con distintos sectores.

Desde ambas entidades sostienen que el eje del debate debe centrarse en la concientización, el control y el uso responsable, en lugar de avanzar sobre prohibiciones absolutas que afectan a miles de trabajadores y comercios vinculados a la actividad. Además, remarcan que la industria evolucionó en los últimos años con el desarrollo de productos de bajo impacto sonoro y propuestas más amigables con el ambiente.

Representantes del sector aseguran que el objetivo es promover celebraciones responsables, compatibles con el cuidado de personas sensibles a los sonidos fuertes y de los animales, pero sin perjudicar una actividad que genera miles de puestos de trabajo en todo el país. En ese marco, destacan la importancia de combatir la venta clandestina y reforzar los controles sobre productos ilegales, señalando que las prohibiciones totales muchas veces terminan favoreciendo los mercados informales.

Tanto SUEIPA como CAEFA vienen planteando la necesidad de abrir una discusión moderna sobre la actividad, impulsando campañas de educación y concientización dirigidas a los consumidores, fomentando el uso de productos autorizados y de menor impacto acústico.

En distintos municipios mendocinos, el debate comienza a tomar fuerza entre quienes consideran que una regulación equilibrada podría permitir compatibilizar el derecho al trabajo, la seguridad y las nuevas demandas sociales, apostando a un modelo basado en la responsabilidad y no únicamente en la prohibición.