Berazategui: la Justicia pone límites a las prohibiciones y refuerza la defensa del trabajo pirotécnico

Berazategui: la Justicia pone límites a las prohibiciones y refuerza la defensa del trabajo pirotécnico

Un reciente fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Quilmes marcó un precedente importante en defensa del trabajo, la producción y el ejercicio de actividades lícitas. En la causa iniciada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) contra la Municipalidad de Berazategui, la Justicia resolvió invalidar la ordenanza que establecía la prohibición absoluta de la tenencia, comercialización, depósito y venta de pirotecnia en el distrito.

El magistrado entendió que la ordenanza 4208 vulneraba el principio de razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional), al imponer un veto total que anulaba el derecho a ejercer una industria lícita y a comerciar, garantizados por los artículos 14 y 17, así como por la Ley 20.429 y el Decreto 302/83. Asimismo, remarcó que el municipio no logró demostrar que la prohibición absoluta fuera la única alternativa posible, existiendo medidas menos restrictivas que permiten compatibilizar la actividad con la protección de sectores sensibles.

En este marco, el fallo otorga a la Municipalidad de Berazategui un plazo de seis meses para adecuar su normativa a estándares constitucionales, abriendo la puerta a una regulación más equilibrada.

Desde el Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia (SUEIPA) destacaron la importancia de la decisión judicial y afirmaron que “es un paso más hacia la defensa de la producción y el trabajo, en tiempos donde no se puede jugar con el sustento de los trabajadores”. En esa línea, remarcaron que la actividad pirotécnica representa una fuente genuina de empleo para miles de familias y que cualquier regulación debe contemplar ese impacto social.

El pronunciamiento judicial vuelve a instalar un eje central en el debate: no se trata de eliminar actividades productivas, sino de regularlas de manera razonable, equilibrando derechos y garantizando tanto la convivencia social como la continuidad del trabajo argentino.